• Richard Casanova, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), acudió a la Defensoría del Pueblo para introducir un petitorio de urgencia, en el que se señalan trabas burocráticas de SENCAMER y cobros especulativos de empresas de mantenimiento como principales causas del colapso operativo.
Caracas, 23 de julio de 2026.— Richard Casanova, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Representantes y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), introdujo un documento petitorio ante la defensora del pueblo, Egleé González Lobato, para solicitar la intervención inmediata del organismo ante lo que califican como un «confinamiento indirecto» de miles de ciudadanos en edificaciones multifamiliares.
La acción responde a la paralización indefinida de los sistemas de transporte vertical (ascensores) tras los movimientos telúricos del pasado 24 de junio, una medida que ya acumula casi un mes debido a instrucciones burocráticas e interpretaciones ambiguas que han generado temor a sanciones en las Juntas de Condominio.
Violación de estándares internacionales
Según expone el documento presentado, la ingeniería de transporte vertical bajo estándares globales (ASME A17.1/A17.2, norma europea EN 81-77 y directrices de Japón) contempla dos fases operativas ante sismos: la detención automática inmediata durante el evento y la fase de continuidad operativa que exige la inspección expedita para restablecer el servicio en un lapso no mayor a 72 horas (ventana de vulnerabilidad).
“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, afectando críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, explicó Casanova.
SENCAMER y cobros extraordinarios
El vocero del CIV fundamentó la crisis en dos factores críticos:
1) Cuello de botella en SENCAMER: Denunció que el Servicio de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos carece de capacidad técnica inmediata para certificar masivamente a las empresas del sector en plena contingencia, por lo que pretender imponer este registro retrasa por meses la evaluación de miles de edificaciones.
2) Especulación contractual: En este sentido, el gremio tachó de «inadmisible e inmoral» que empresas de mantenimiento con contratos vigentes en condominios pretendan realizar cobros extraordinarios por ejecutar la inspección post sismo, recordando que dicha evaluación es una obligación intrínseca de la conservación del equipo.
Exigencias puntuales a la Defensoría del Pueblo
Ante la vulneración de los derechos constitucionales a la vida (Art. 43), libre tránsito (Art. 50) y salud (Art. 83), el petitorio del CIV solicita formalmente a la Defensoría:
1) Exhortar al Ejecutivo nacional y municipal a fijar un lapso perentorio de 24 horas para la evaluación técnica por parte de empresas registradas o ingenieros/arquitectos colegiados, y 24 horas adicionales para que las Juntas de Condominio reactiven el servicio.
2) Suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación SENCAMER durante la contingencia, validando la operación de las empresas con su Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.
3) Prohibir cobros de honorarios adicionales por parte de las empresas de mantenimiento para hacer inspecciones derivadas del evento sísmico.
4) Advertir sobre responsabilidades legales, recordando a autoridades y Juntas de Condominio que la inobservancia o la ejecución de órdenes absurdas que resulten en lesiones o desenlaces fatales por falta de evacuación médica, generan responsabilidad civil, administrativa y penal directa.
Finalmente, Casanova ratificó la disposición del voluntariado profesional y la capacidad técnica del Colegio de Ingenieros para acompañar de forma gratuita los procesos de fiscalización visual necesarios para devolver la normalidad a las comunidades afectadas.