Tucupita, Delta Amacuro, 19 de marzo de 2026.-El abogado Luis Javier Nolasco Urrieta, representante legal de la ciudadana Eglisne Katerine Machado Rojas, formuló una denuncia pública sobre presuntas irregularidades vinculadas a un conflicto por la posesión de una vivienda ubicada en la comunidad de Villa Orinoco, parroquia San Rafael del municipio Tucupita.
De acuerdo con lo expuesto, la propiedad pertenece a Machado Rojas, quien habría dejado el inmueble bajo el resguardo de su hermano, Edgar Alexander Machado, al trasladarse a la ciudad de Maturín por motivos familiares. Posteriormente, según la denuncia, el referido familiar y su núcleo habrían ocupado la vivienda, y tras su salida del país, la ciudadana Yelitza del Carmen Romero habría permanecido en el lugar, presuntamente manteniendo una relación con Juan González.
El abogado señaló que, desde el año 2021, su representada ha intentado recuperar la posesión del inmueble sin resultados favorables. Asimismo, denunció presuntas amenazas verbales y psicológicas por parte de Juan González, hechos que, asegura, serían conocidos por habitantes de la comunidad.
En la denuncia también se menciona al ciudadano Jesús González, quien se desempeña como fiscal séptimo del Ministerio Público en la circunscripción judicial del estado Delta Amacuro. Según el representante legal, existirían actuaciones que podrían configurar un presunto conflicto de intereses, al señalar que el funcionario habría intervenido directa o indirectamente en situaciones relacionadas con el caso.
De acuerdo con lo declarado, estas acciones podrían constituir, de ser comprobadas por las autoridades competentes, posibles faltas vinculadas al ejercicio indebido de funciones públicas, incluyendo presunto abuso de autoridad y tráfico de influencias, al alegarse la utilización de la investidura institucional en asuntos de carácter privado.
Asimismo, se hizo referencia a una publicación difundida el 17 de marzo de 2026 por un medio digital regional, en la cual se describen hechos relacionados con el conflicto en la comunidad de San Rafael. Según el abogado, dicha publicación reflejaría un patrón de situaciones que ameritan ser investigadas por los organismos correspondientes.
El representante legal reiteró que el Ministerio Público es una institución encargada de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos ciudadanos, por lo que subrayó la importancia de que cualquier señalamiento sea evaluado con apego al debido proceso y a los principios de imparcialidad y transparencia.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer los hechos y garantizar la correcta administración de justicia.
