Caracas, 2 de junio de 2026.- La realización de una nueva audiencia del juicio relacionado con la trama PDVSA-Cripto generó cuestionamientos por parte de abogados defensores de varios acusados, luego de que no se concretara el traslado de algunos procesados recluidos en distintos centros penitenciarios del país.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales y fuentes vinculadas al proceso, los imputados recluidos en los centros penitenciarios de El Rodeo, Yare y Las Crisálidas no fueron trasladados a la sede judicial donde estaba prevista la continuación de la audiencia. Ante esta situación, el tribunal habría planteado la posibilidad de realizar la sesión mediante sistemas de videoconferencia.

Los equipos de defensa expresaron su desacuerdo con la medida, al considerar que la participación remota de los acusados podría afectar garantías procesales vinculadas al derecho a la defensa y a la inmediación judicial. Asimismo, señalaron que la ausencia de los procesados en la sala de audiencias limita el desarrollo normal del juicio.
Según reportes sobre la audiencia, algunos de los acusados manifestaron su rechazo a comparecer de forma telemática, situación que habría generado interrupciones durante la sesión. Posteriormente, la audiencia fue suspendida y quedó pendiente la fijación de nuevas actuaciones dentro del proceso judicial.
El caso PDVSA-Cripto, considerado una de las investigaciones por presunta corrupción de mayor alcance en la industria petrolera venezolana, involucra a decenas de exfuncionarios y empresarios señalados por el Ministerio Público por supuestas irregularidades en operaciones vinculadas a la comercialización de petróleo y criptoactivos.
Durante el desarrollo del juicio también han surgido denuncias y solicitudes formuladas por las defensas relacionadas con presuntas irregularidades procesales, acceso al expediente y condiciones de reclusión de algunos acusados. Por su parte, las autoridades judiciales continúan avanzando en la sustanciación del proceso, mientras el caso mantiene la atención pública debido a la relevancia de las personas involucradas y al impacto económico atribuido a la presunta trama de corrupción.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público detallado sobre los señalamientos realizados por las defensas respecto a la suspensión de la audiencia y la modalidad de comparecencia de los acusados.
