Tucupita, Delta Amacuro, 29 de mayo de 2026.- Yelitza Del Valle Ochoa, madre de Miguel Quintana, quien permanece privado de libertad en el Centro de Reclusión y Resguardo de Guasina mientras enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de homicidio ante el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Delta Amacuro, solicitó la intervención de diversas instituciones del Estado para revisar la situación de su hijo.
Según manifestó Ochoa, Miguel Quintana fue diagnosticado desde temprana edad con un trastorno mental que, asegura, fue debidamente documentado durante las primeras fases del proceso penal mediante informes médicos consignados ante las autoridades competentes.
La madre explicó que, debido a la ausencia de un servicio de Psiquiatría Forense en la entidad, durante la etapa de investigación no se habría realizado la experticia médico-forense correspondiente para determinar formalmente la condición de salud mental del acusado y su posible incidencia en el proceso judicial.
Indicó que posteriormente, ya en la fase de juicio, el tribunal autorizó el traslado de Miguel Quintana y de su representante familiar a Ciudad Bolívar para ser evaluado por un especialista en Psiquiatría Forense. De acuerdo con sus declaraciones, el experto concluyó que el procesado presenta un cuadro de esquizofrenia paranoide y emitió recomendaciones que fueron incorporadas al expediente judicial.
Ochoa sostuvo que, durante el desarrollo del juicio, el especialista ratificó sus conclusiones ante el tribunal y señaló la existencia de una presunta perturbación mental significativa en el acusado. No obstante, afirmó que su hijo continúa recluido en un centro penitenciario que considera inadecuado para atender su condición de salud física y mental.
Ante esta situación, la ciudadana hizo un llamado a organismos nacionales y regionales, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, la Fiscalía Superior del estado Delta Amacuro, la Fiscalía Séptima con competencia en Derechos Fundamentales y la Defensoría Delegada del Pueblo, para que evalúen el caso y adopten las medidas que estimen pertinentes dentro del marco legal vigente.
Hasta el momento, las instituciones mencionadas no han emitido pronunciamiento público sobre las solicitudes formuladas por la madre del procesado.
