Por Dr. Abraham Gómez R.
Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua
Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba
Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela
Coordinador Académico de la Comisión Proponente de la UNAFRONT
Frente a las próximas determinaciones jurisdiccionales de la Corte Internacional de
Justicia debemos estar expectantes, en absoluta solidaridad como país; para no incurrir
en errores gravosos que puedan causarnos mucho más daño, del que hemos arrastrado
desde aquella fecha de ingrata recordación, cuando se nos desgajó una séptima parte de
nuestra geografía nacional.
Entendemos que las divergencias y diferenciaciones, al parecer condición casi natural de
los seres humanos, siempre van a aflorar por cualquier cosa; no obstante, la presente
circunstancia por la que atraviesa la Patria nos obliga a pensar, con bastante
inteligencia. Surge una interrogante inevadible.
¿Qué debemos hacer y bajo cuáles estrategias nos comportaremos -uniforme y
simétricamente- ahora cuando la Sala está conociendo el fondo del litigio?
Pleitos internos siempre tendremos; pero, en este asunto litigioso concreto, la unidad
que exhibamos al resto del mundo demostrará que somos dignos herederos de las
glorias y conquistas históricas de nuestros próceres e insignes libertadores.
Tal elemento constituyente básico conforma la primera demostración de nuestra
fortaleza probatoria, con la cual procederemos a reivindicar todo ese inmenso costado
este que nos han usurpado.
Otro factor a considerar, no menos interesante, es la toma de conciencia y el
determinante involucramiento de civiles, militares, estudiantes, académicos, políticos,
empresarios, obreros. Compatriotas de los distintos cuerpos sociales, de todos quienes
llevamos suficientemente acendrada la venezolanidad. Preparados para dar y recibir
–con transparencia— las informaciones que han venido dimanando desde la Corte
Internacional de Justicia, donde se dirime procesalmente la precitada controversia.
En las subsiguientes fases a desarrollarse- en este trimestre- es decir, las alegaciones y
las pruebas preconclusivas, por ante el Cuerpo Sentenciador; la comparecencia de
Venezuela tiene que ser indiscutible e indudable, con nuestra densa alforja de Títulos
(que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e
investigación.
Nuestro legajo de documentos dejará sentado válidamente que no hemos despojado
nada a ningún país, ni pretendemos hacerlo; y que el írrito y nulo Laudo Arbitral de
París, del 03 de octubre de 1899, ha sido siempre un inexistente y vergonzoso adefesio
jurídico que jamás debió considerarse como oponible para nada y menos referente
jurisprudencial en el Derecho Internacional Público.
Prestemos atención de lo que la contraparte ha venido haciendo sin escrúpulos.
En casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una
sibilina y machacona campaña de (des)información, cuyo contenido apunta a hacerle
creer a la población que habita en la “Zona en Reclamación” que Venezuela no posee los
recursos argumentativos probatorios de nuestra contención; y que, por tales motivos, le
habíamos estado rehuyendo al arreglo judicial, como “expedita alternativa” que ellos
presentaron en la Corte.
En ese mismo sentido, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los
canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación — los de mucha
credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo– la ilimitada propaganda que el
gobierno guyanés ha cancelado, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al
histórico caso del Esequibo.
Tratan de diseñarse una matriz opinática acomodaticia.
Nosotros tenemos abundante documentación para demostrar que fue el Imperio
Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-
diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de 159.500 km2; incluso tenían la aviesa
intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado
Bolívar.
El gobierno guyanés ha desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en
dos vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra
contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación o imbéciles e
ignorantes del Derecho Internacional Público.
La otra burda estrategia ya la conocemos. Vienen organizando sistemáticas visitas a la
Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas
Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.
Sospechamos que, dentro de las estrategias que han diseñado y acometido los
coagentes de la Contraparte guyanesa, se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom
y –quizás para los próximos días—de la Commonwealth. Así también, han logrado
sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses
en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana
concesiones para el desarrollo de proyectos.
Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales
(¿extorsión?) que operan –sobre todo—en la proyección atlántica para cancelar los
carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.
Nos encontramos ante un hito histórico disyuntivo.
Estamos concernidos a demostrar sin posiciones elusivas o reticentes – en plena unidad
venezolanista, “hablando el mismo idioma” — un hecho de vital trascendencia para la
vida de la nación: esa extensión territorial, que hemos reclamado desde hace más de
cien años, siempre nos ha pertenecido; y tenemos enjundiosos documentos, de pleno
derecho, para demostrarlo.
Al día de hoy, la contraparte en su Pretensión Procesal no ha consignado el más mínimo
documento que pruebe la propiedad de esa nación sobre la extensión que nos
arrebataron.
En la Acción interpuesta por Guyana contra Venezuela no hay en sus anexos
documentos históricos que demuestren nada.
